Control Administrativo Y Justicia Administrativa

Control administrativo y justicia administrativa

El control administrativo constituye un concepto polisémico. El planteamiento de este trabajo parte de la distinción entre las que denominaremos “vertiente preventiva del control” y “vertiente correctiva del control”, para centrarnos, a continuación, en la segunda vertiente. Desde esa perspectiva, se observará que el control administrativo constituye una función administrativa que goza de unidad estructural, lo que no es incompatible con una gran flexibilidad. En este sentido, la función administrativa de control goza de una variabilidad caracterizadora en la que nuestro Derecho está mostrando una gran versatilidad. Algunos de esos ejemplos son analizados en este trabajo. Este trabajo también cuestiona si cualquier mecanismo de control administrativo es válido para formar parte de un sistema constitucional orientado a la provisión de justicia. El control administrativo puede ser un elemento esencial de ese sistema, pero mantener esta afirmación requiere justificar tres cuestiones que son abordadas en este libro. En primer lugar, que no existe ningún mandato constitucional que imponga que la provisión de justicia deba lograrse únicamente mediante la maximización del control que garantiza el control judicial. Segundo, que proveer justicia exige dotar a la función administrativa de control de una especial caracterización jurídica; aquí, las experiencias y la jurisprudencia comparada y europea son una base comparativa fundamental. Tercero, y no menos importante, el planteamiento de un sistema de justicia administrativa integrador, exige preguntarse por los problemas de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; sólo conociendo esa realidad jurídica será posible formular propuestas en las que los mecanismos de control administrativo puedan complementar con efectividad la función jurisdiccional. Contenido. Presentación / Primera Parte. El control administrativo: vertiente preventiva versus vertiente correctiva / 1. LA VIGILANCIA, LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL ADMINISTRATIVOS. Reflexiones sobre su formación, evolución y situación actual. Luciano Parejo Alfonso / 2. HACIA UN MODELO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DUAL: TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA. Justicia administrativa: instituciones administrativas e instancias jurisdiccionales, una perspectiva necesariamente de conjunto del control de la actividad administrativa). Elisenda Malaret García / Segunda parte. Causas que justifican la configuración de un sistema de justicia administrativa no monopolizado en la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Algunos problemas específicos / 3. El sistema de justicia administrativa y la incidencia de los mecanismos administrativos de control en la Jurisdicción contencioso-administrativa: reformas y necesidades. Mónica Domínguez Martín / 4. Las costas procesales y el derecho de acceso a la justicia administrativa. César Cierco Seira / Tercera parte. Nuevos mecanismos de control administrativo. Propuestas de Derecho comparado / 5. ADMINISTRATIVE JUSTICE Y ADMINISTRATIVE TRIBUNALS EN EL REINO UNIDO. UN MODELO A TENER EN CUENTA. Joaquín Tornos Mas / 6. Los nuevos mecanismos de control y resolución extrajudicial de conflictos en Derecho Administrativo. En especial, el arbitraje administrativo. Víctor Escartín Escudé / 7. LA MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA. ENTRE EL DERECHO A UNA BUENA ADMINISTRACIÓN Y LA RENOVACIÓN DE LA JUSTICIA . Beatriz Belando Garín / 8. CONTROL ADMINISTRATIVO Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Algunas reflexiones sobre las restricciones a la prestación de servicios de la sociedad de la información en supuestos de infracción de derechos de propiedad intelectual). Gemma Minero Alejandre. Ana Rodríguez Álvarez.

Control administrativo y justicia administrativa

Contraloría General de la República ¿Jurisdicción contenciosa administrativa?

La Contraloría General de la República adquiere cada vez más protagonismo invadiendo diversos ámbitos reservados a otros poderes del Estado. Si en su nacimiento pudo tener conflictos con el Ejecutivo, su objeto de control; bien pronto comenzó a invadir el territorio de los tribunales de justicia resolviendo controversias con particulares. Pero, avanzado el tiempo, amplió aún más su accionar incursionado –no sin polémica– en ámbitos de jurisdicción constitucional e, incluso, legislativos. Y todo parte con el ejercicio de la jurisdicción. El presente estudio explica cómo es que una entidad de fiscalización superior como la Contraloría pudo llegar a ubicarse en una posición de poder que le permitió suplir la ausencia de Tribunales de lo Contencioso Administrativo General, prometidos, pero nunca implementados. Para ello se analiza la historia de su creación y la importancia que, en su evolución, tuvieron lúcidos contralores que supieron leer las circunstancias políticas que los rodeaban. Esta investigación también invita a recorrer el camino normativo que regula la actividad de la Contraloría, mismo que ha evolucionado hasta posicionarla en su actual sitial constitucional, así como a reflexionar en torno a la deferencia con que ha sido tratada por otros poderes del Estado, especialmente por el Ejecutivo-Presidencia y el Judicial. Sin embargo, este contencioso no ha estado exento de polémica en su evolución y en la actualidad, lo que se demuestra en las contiendas de competencia que la Contraloría ha protagonizado con el Poder Judicial; las fuertes reprimendas de los tribunales hacia su hiperactividad, llegando a ordenarle inclinarse frente a las sentencias judiciales. Las cosas, hoy, han superado la ya compleja intromisión en el ámbito judicial, pero fue allí donde partió la hiperactividad contralora. De allí la necesidad de intentar definir si lo que ejerce es o no jurisdicción. Como señala el profesor Luis Cordero Vega, en el prólogo de la obra: “La investigación de la profesora De la Cruz es la más acabada en nuestro medio sobre el rol de la Contraloría en el sistema público de resolución de controversias y sienta las bases teóricas de la que resulta una reforma inevitable para el ente contralor o para la jurisdicción contenciosa administrativa, llevando, a quien lo lea, a una conclusión que pareciera ser única”.